El Gobierno británico, encabezado por el secretario de Salud Wes Streeting, ha dado por concluidas las negociaciones con la Asociación de la Industria Farmacéutica Británica (ABPI) tras el rechazo del sector a la propuesta presentada en junio para modificar el sistema de fijación de precios de los medicamentos.
La decisión implica que las compañías farmacéuticas deberán seguir pagando el denominado “clawback tax”, un impuesto sobre las ventas de medicamentos que se calcula anualmente en función del crecimiento del gasto del NHS respecto a una tasa previamente pactada. Este mecanismo, acordado en 2023 con vigencia hasta 2028, busca limitar el gasto público en fármacos, aunque el tipo aplicado en 2024 (22,9 %) ha superado con creces la previsión inicial del 15 %.
La ABPI advirtió que la falta de acuerdo podría reducir el número de medicamentos que se lanzan en el mercado británico, subrayando que la tasa es hasta tres veces superior a la de otros países europeos. Su director ejecutivo, Richard Torbett, señaló que “los problemas que motivaron la revisión siguen sin resolverse y requieren una acción urgente”, al tiempo que mostró la disposición de la industria a mantener un diálogo constructivo con el Ejecutivo.
Desde el sector, compañías como Novartis han calificado la ruptura de las negociaciones como un “grave retroceso” para los pacientes, el NHS y la industria de ciencias de la vida en el Reino Unido.
El Ministerio de Salud y Asistencia Social británico defendió su postura alegando que la continuidad del esquema actual “sirve mejor a los intereses de los pacientes y del NHS”. En caso de que las farmacéuticas abandonen el sistema voluntario, quedarían igualmente sujetas al régimen estatutario, que este año fija un tipo aún mayor, del 23,4 %.
La medida afecta a un gasto anual de alrededor de 19.000 millones de libras en medicamentos, de los cuales una parte está cubierta por el mecanismo del “clawback tax”. El acuerdo de 2023 buscaba un ahorro de 14.000 millones de libras en cinco años.
