La reciente aprobación de la enmienda a la Ley de creación de la Agencia de Salud Pública, que introduce el concepto de “cesión” de medicamentos veterinarios, ha generado entusiasmo en parte del colectivo veterinario, pero también preocupación en el ámbito farmacéutico.
Enrique Granda, en su comentario editorial del Observatorio del Medicamento, subraya que esta modificación no concede carta blanca a la dispensación en clínicas veterinarias ni altera los principios que rigen el suministro de medicamentos en España. “La farmacia ha sido garante de calidad, seguridad y legalidad en la dispensación, incluidos los fármacos de uso veterinario. Pretender sustituir ese modelo por una ‘dispensación encubierta’ en consultas veterinarias supone desconocer la legislación vigente”, señala.
España cuenta con una normativa específica —la Ley de Garantías y el Real Decreto 1157/2021— que define a las clínicas veterinarias como centros asistenciales sujetos a registro, inspección y control, pero no como establecimientos de venta minorista de medicamentos. Por ello, convertir en norma lo que hasta ahora era una práctica tolerada constituye, según Granda, “una interpretación abusiva”.
Además, recuerda que la dispensación no es solo la entrega de un fármaco, sino un proceso que implica trazabilidad, control de estupefacientes, farmacovigilancia y asesoramiento profesional, responsabilidades que no pueden delegarse sin riesgo para la salud pública.
Desde la perspectiva One Health, Granda defiende la colaboración entre médicos, farmacéuticos y veterinarios, pero advierte: “Colaboración no significa invasión de competencias ni consolidación de prácticas irregulares”.
Finalmente, recalca que la profesión farmacéutica seguirá defendiendo su papel “no por interés corporativo, sino porque de ello dependen la seguridad de los tratamientos, el control de resistencias antimicrobianas y la protección de la salud pública”.
