El reciente acuerdo en materia de medicamentos entre Reino Unido y Estados Unidos ha generado un intenso debate político y social en el país. Frente a las críticas que alertan de un posible impacto negativo en el sistema sanitario británico, la Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) ha defendido públicamente el pacto, asegurando que su objetivo es mejorar el acceso de los pacientes del NHS a tratamientos innovadores.
En una carta firmada por su director general, Richard Torbett, la patronal farmacéutica rechaza que el acuerdo pueda “costar vidas británicas” y subraya que introduce cambios clave en el marco de evaluación de medicamentos. En concreto, el acuerdo eleva el umbral de coste-efectividad utilizado por el National Institute for Health and Care Excellence (NICE), lo que permitirá que un mayor número de nuevos tratamientos puedan ser considerados para su financiación y uso en el NHS.
Asimismo, Torbett aclara que el pacto no implica un aumento retroactivo del precio de los medicamentos de marca ya existentes y destaca que limita las tasas de devolución de los medicamentos más recientes a un máximo del 15% entre 2026 y 2028. Este nuevo sistema sustituye, según la ABPI, a un modelo “impredecible” que ha dificultado la inversión en ciencias de la vida y el acceso temprano de los pacientes a terapias de última generación.
Desde la industria se advierte de que el Reino Unido ha perdido competitividad en los últimos años tanto en inversión en ciencias de la vida como en acceso a la innovación farmacéutica. Actualmente, solo alrededor de un tercio de los nuevos tratamientos están disponibles para los pacientes británicos en todas sus indicaciones autorizadas, una situación que, a juicio de la ABPI, requiere un entorno comercial más estable y alineado con los estándares internacionales.
No obstante, el acuerdo también ha suscitado una fuerte oposición política. Diversas voces críticas consideran que este pacto se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno británico de alineamiento con Estados Unidos, que podría limitar la soberanía regulatoria del país. Estas críticas recuerdan otros acuerdos recientes en ámbitos como la tecnología o la regulación de la inteligencia artificial, y alertan de que estas decisiones podrían condicionar la capacidad futura del Reino Unido para regular sectores estratégicos o incluso su relación con la Unión Europea.
El debate pone de relieve la tensión entre mejorar el acceso de los pacientes a la innovación terapéutica y preservar la autonomía regulatoria y política del país, una cuestión que seguirá marcando la agenda sanitaria y económica británica en los próximos meses.