El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, un texto legislativo que sustituirá a la normativa vigente desde 2015 para actualizar la regulación del sector farmacéutico en España. El proyecto de ley establece un marco integral orientado a garantizar el acceso a la innovación, asegurar el suministro de fármacos críticos y consolidar la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre las principales novedades regulatorias, la norma introduce la figura de los "Medicamentos estratégicos", definidos como aquellos productos indispensables cuya cadena de producción presenta vulnerabilidades, permitiendo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) aplicar medidas económicas y regulatorias excepcionales para evitar desabastecimientos en el mercado.
En el ámbito económico y de financiación pública, la futura legislación articula un modelo renovado de precios para fomentar la competencia en medicamentos fuera de patente. La norma introduce el sistema de precios dinámicos para genéricos y biosimilares, el cual aplicará reducciones automáticas al precio industrial en función de los incrementos de cuota de mercado alcanzados por el fármaco. Asimismo, dentro de una misma agrupación homogénea, se permitirá la coexistencia de marcas a diferentes precios, posibilitando que el paciente elija un producto de precio superior abonando la diferencia sobre la opción financiada. Por otro lado, para acelerar el acceso a terapias avanzadas, se crea la financiación condicional, un mecanismo que permite la incorporación temprana de fármacos innovadores mediante la monitorización de su efectividad en la práctica clínica real antes de fijar su precio definitivo.
En lo relativo a la ordenación profesional y la prestación farmacéutica, el proyecto de ley reconoce formalmente la capacidad de prescripción a los profesionales de enfermería y fisioterapia dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, estableciendo el desarrollo de protocolos interdisciplinares en el plazo de un año. Adicionalmente, el texto regula la dispensación no presencial y la entrega en domicilio para pacientes en situación de vulnerabilidad o dependencia, garantizando la trazabilidad técnica y la custodia por parte de los servicios de farmacia hospitalaria o comunitaria. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, la iniciativa legislativa inicia formalmente su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales.