El Juzgado de lo Social nº 3 de Burgos ha dictado una sentencia que reconoce como accidente laboral —y no como enfermedad común— las secuelas derivadas de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 en una docente de Primaria. La maestra fue vacunada en marzo y agosto de 2021 dentro del protocolo de vacunación de la Junta de Castilla y León dirigido a trabajadores esenciales.
La resolución judicial revoca la sentencia de primera instancia y considera que los síntomas sufridos —fiebre, astenia, dolor en un brazo y alteraciones sensitivas en las piernas que le impedían conducir— se deben de forma exclusiva a los efectos adversos de la vacunación, administrada dentro de un protocolo público de actuación. La sentencia subraya que no existen antecedentes médicos relevantes que expliquen los síntomas por otra causa.
Francesc Feliu, abogado defensor de la trabajadora, destaca que “estas secuelas no pueden considerarse enfermedad común porque existe un elemento claro de laboralidad”, enmarcado en el Plan Estratégico de Vacunación del Gobierno de España, aprobado en diciembre de 2020. Este plan establecía grupos prioritarios y exigía la vacunación del personal esencial, incluyendo a los docentes.
Según el letrado, la vacunación debe considerarse un acto de salvamento, ya que formaba parte de una campaña impulsada por el Estado basada en los principios de solidaridad y reciprocidad. Feliu afirma que la docente tenía una “exigencia ética y legal de proteger el derecho a la educación de niños y adolescentes”.
Aunque la sentencia aún no es firme, Feliu indica que su despacho lleva alrededor de 70 casos similares de trabajadores esenciales (sanitarios, policías, bomberos, militares…) y se muestra preparado para llevar el caso hasta el Tribunal Supremo si es necesario
