Las siete asociaciones empresariales de la industria farmacéutica y cosmética en España alertan sobre los posibles costes de hasta 6.920 millones de euros anuales por la nueva tasa RAP.
Las siete principales asociaciones empresariales de la industria farmacéutica y cosmética en España —Aelmhu, Aeseg, Anefp, AseBio, Biosim, Farmaindustria y Stanpa— han emitido un comunicado conjunto con motivo de la finalización de la consulta pública del Anteproyecto de Ley para transponer la Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Las patronales manifiestan que, aunque comparten plenamente los objetivos de sostenibilidad ambiental y salud pública de la norma orientada a combatir la microcontaminación, el actual diseño del sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) vulnera el principio de "quien contamina paga". Los sectores afectados alegan la existencia de serias limitaciones metodológicas y una falta de evidencia empírica sólida al asumir de forma errónea que los fármacos de uso humano y los cosméticos son los únicos responsables de la carga tóxica hídrica, excluyendo a otros sectores industriales igualmente contaminantes.
Esta postura sectorial se ve respaldada por las recientes acciones del Parlamento Europeo, que aprobó una moción para solicitar a la Comisión Europea un estudio independiente que verifique los costes del tratamiento cuaternario y atribuya de forma correcta las responsabilidades antes de finales de año. Asimismo, un informe técnico y jurídico encargado por las siete asociaciones a la consultora PwC revela una elevada incertidumbre económica, estimando que el impacto financiero para las compañías oscilará entre los 134 y los 346 millones de euros anuales, lo que supondría una carga acumulada de entre 2.680 y 6.920 millones de euros en un escenario proyectado a 20 años. Esta inestabilidad se complementa con un escenario de litigiosidad jurídica internacional en la Unión Europea, marcado por los recursos presentados por Polonia ante el TJUE y las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Irlanda respecto a la validez de las obligaciones impuestas.
Ante esta coyuntura, los firmantes del comunicado instan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a ejecutar una transposición prudente, flexible y jurídicamente cautelosa que evite opciones maximalistas. La industria reclama que la contribución de los productores se limite estrictamente al mínimo obligatorio del 80% de los costes elegibles contemplados en la directiva comunitaria, asumiendo el presupuesto público el porcentaje restante debido a la naturaleza colectiva del saneamiento urbano y el origen multifuente de las sustancias. De igual modo, exigen que la imputación de costes operativos para la implantación tecnológica de los tratamientos cuaternarios en España quede condicionada de forma obligatoria a la existencia de una infraestructura real, certificada y auditada que valide un rendimiento neto eficiente de las plantas.